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Tragedia en prisión evidencia la crisis carcelaria en Venezuela
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El drama del penal en la ciudad de Valencia ocurrió en uno de los centros de detención preventiva, los que ahora son usados como prisiones propiamente tales. 

(Gaspar Ramirez-economiaynegocios.cl) El motín en un centro de detención preventiva de la ciudad de Valencia que dejó 68 muertos en Venezuela, es una de las mayores tragedias carcelarias de ese país y la prueba más reciente de la crisis del sistema de prisiones venezolano. Una pieza más en la crisis general que vive ese país bajo la administración del Presidente Nicolás Maduro.

La policía del estado de Carabobo entregó ayer los cuerpos de 45 fallecidos, mientras pedían fotos a los familiares para identificar a las demás víctimas.

“Él no está quemado, le dieron un tiro en la cabeza. Por lo que se ve, fue una masacre”, declaró a la AFP Carmen Varela, tía de un fallecido.

Las muertes fueron producto de asfixia o por quemaduras. De acuerdo con la ONG Una Ventana a la Libertad, una de las primeras en advertir la magnitud de la tragedia en Valencia, el incendio comenzó cuando los presos quemaron unas colchonetas, luego de que algunos detenidos le quitaron el arma a un guardia.

La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas se declaró “conmocionada” y pidió al gobierno de Maduro una investigación “rápida y completa” e indemnizar a las familias de las víctimas.

Al menos 388 personas han muerto en prisiones venezolanos desde 2011, según cifras oficiales y de ONG de derechos humanos. En agosto pasado, un motín dejó 37 muertos y 14 heridos en unas celdas policiales del estado de Amazonas (sur), tras el cual se denunciaron “ejecuciones extrajudiciales”. Mientras, en enero de 2013, unos 60 reclusos murieron en un amotinamiento en la cárcel de Uribana (estado Lara, noroeste).

La tragedia de Valencia muestra un ángulo nuevo de la crisis carcelaria: el motín ocurrió en un centro de prisión preventiva y no en una cárcel propiamente tal. Carlos Nieto, director de Una Ventana a la Libertad, que monitorea desde hace 20 años la situación carcelaria en Venezuela, dice que la ONG alertó “hace mucho tiempo que lo que pasó en el centro de detención de Valencia podía ocurrir en cualquier momento”.

Nieto comenta que el recinto policial donde ocurrió el motín tiene capacidad para 35 personas, pero contenía a 200 detenidos, algunos de ellos ya condenados, pero que no pueden ir a prisiones porque el gobierno las “cerró” hace cinco años, debido al hacinamiento. El dirigente estima que de las 100 mil personas privadas de libertad que actualmente hay en Venezuela, el 45% se encuentra en centros de detención preventiva, sin las condiciones necesarias, y agrega que los detenidos pueden pasar máximo dos días en estos calabozos, según la ley.

Roberto Briceño-León, director del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), considera que el problema carcelario comenzó por los años 2005 y 2006, cuando el gobierno del entonces Presidente Hugo Chávez entregó, “de manera tácita”, el control de las cárceles a los propios reclusos.

“En Venezuela gran parte del crimen organizado se dirige en las cárceles. De centro de reclusión pasaron a ser lugares de planificación de delitos, de depósito de drogas, de armas, de dinero; de lugares donde se va a pagar rescates por secuestro o robos de vehículos”, dice el sociólogo.

Briceño-León agrega que las bandas cobran a los reos por todo: para comer, dormir, para seguir con vida, y cuando hay problemas entre los grupos rivales vienen las matanzas.

Para enfrentar la crisis, el gobierno creó en julio de 2011 el ministerio de Servicio Penitenciario -desde entonces dirigido por la ministra Iris Varela-, pero los sucesivos motines y matanzas demuestran que no ha sido efectivo.

La violencia en las cárceles es una cifra más en el mapa de inseguridad: Según el OVV, en 2017 hubo unas 26.000 muertes violentas en Venezuela, lo que representa una tasa de 89 por cada 100.000 habitantes, 14 veces mayor que la media mundial.

Y a la vez, la criminalidad es una pieza más en la crisis que vive Venezuela desde hace cinco años, con una crisis económica grave, escasez de todo tipo de bienes básicos y una inflación que este año podría superar el 13.000% según el FMI.

En ese marco social, Carlos Nieto dice que la catástrofe carcelaria, con 68 muertos, no ha impactado mayormente al país: “La mayoría de las personas están preocupadas de otras cosas, para muchos no es tema principal. Cuando tienes gente hurgando en la basura en busca de comida, cuando no hay medicinas, cuando hay un éxodo masivo, ¿a quién le va a preocupar la muerte de algunos presos?”.

El gobernador de Carabobo, estado donde ocurrió la tragedia, el oficialista Rafael Lacava, creó ayer el Consejo Superior de Seguridad Estadal, para aclarar la catástrofe carcelaria.