Opinión
Amnistía: lo ineludible
Opinión

 

Sobre el proceso de pacificación que inició el gobierno de “Ancha base” de Leoni, y que culminó durante el primer mandato (1968-1973) de Caldera, surge el testimonio de una voz querida y familiar: “Con la guerrilla, esto era una olla de presión: había rebeldes y dirigentes presos, sometidos a juicio, sentenciados; otros seguían en la clandestinidad. Iba cada semana a la cárcel “Modelo” a visitar a mi esposo, también guerrillero: y siempre una nueva angustia sustituía a otra. Había rumores de fuga y planes de retomar las armas. Parecía que el conflicto no acababa, que no habría tregua, que las heridas nunca curarían. Pero con la pacificación, vino la liberación de los presos políticos y su incorporación a la vida del país”. Un relajado mohín danza con la frase: “Por fin, respiré. A la larga, todos agradecimos por eso.” El nuevo gobierno, atento al hambre de pluralismo ideológico y diálogo, blindaba así la ruta democrática que la sociedad decidió transitar luego de 1958.

 

En entrevista para la revista “Semana” (1982) Teodoro Petkoff ofrecía su balance: “ese momento significó un tránsito complejo, difícil y dolorosamente emocional para quienes con tanta esperanza y no poca inocencia creían que la epopeya armada estaba fatalmente hermanada con la victoria”. Aun así, la estrategia democrática para desactivar la insurrección estaba imbuida de matices dignificantes. La vía del perdón, la oamnestia, avivada por el apremio de reconocer e integrar visiones políticas distintas en un nuevo pacto social, brindó oportunidad de sanación a un país íntimamente quebrado por la lógica de la hobbesiana “guerra de todos contra todos”. Aunque ardua, privó allí, por un lado, la sensata disposición a “rectificar y conquistar escenarios abiertos y legales de lucha”. Por otro, el civilizado afán de propiciar esa apertura.

 

A partir de referentes locales que revelan más aciertos que errores, y aun tratándose de circunstancias distintas –entonces, una joven democracia llevada a límite lidiaba con la violencia explícita y real, una guerrilla armada que amenazaba su supervivencia; en contraposición con un régimen de sesgo autoritario que hoy sofoca a su adversario político- podemos extraer, sin duda, útiles moralejas. Esa puntual extinción de la responsabilidad penal ha permitido reparar, como muchos casos demuestran, las fracturas que el odio procura en la psique colectiva de un país, y habilitar “la recomposición integral de su espíritu”, como dice José Rafael Herrera. Durante el SXX, en toda Latinoamérica se otorgaron amnistías que contribuyeron a cerrar penosos capítulos y emprender procesos de reconciliación nacional. El inicio del SXXI venezolano, incluso, fue testigo de la promulgación de una Ley que refrendada por Chávez, concedió en abril del 2000 el perdón indistinto y pleno “a todos aquellas personas enfrentadas al orden general establecido”, incluidos los golpistas de 1992. Veamos allí, entonces, un aporte: pues como dice Oscar Arias, “no hay democracia sin oposición”. Ergo, se trata de alentar una democracia capaz de gestionar eficazmente el conflicto, el ejercicio pacífico de esa opinión política que antagoniza con el poder.

 

Hoy, la promulgación en nuestro país de un instrumento legal que sume no sólo a esa reconciliación, sino al restablecimiento de la justicia mutilada, luce ineludible. Un primer paso se dio recientemente con la entrega a la AN de un proyecto que según Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, beneficiaría a “más de 5 mil personas”. La expectativa, por cierto, es enorme. Tanto por la herida abierta y palpitante que echa en cara los saldos de 2014, como por la absurda omisión del decreto-Ley de 2007 (cuando una amnistía trunca dejó por fuera los casos de los comisarios y policías metropolitanos del 11A) es que se espera que la propuesta sea ahora lo suficientemente amplia y efectiva, a fin de que abrace a todos los que hace rato esperan por reparaciones. Al respecto, el abogado José Luis Tamayo –un convencido de la necesidad de que el instrumento revista carácter de Ley formal, lo cual permitirá legislar directamente en materia penal y procesal- apunta que su efectividad “será mayor si los hechos que serán objeto de ella se “retratan” con la mayor precisión posible”. Eso implica incrementar al máximo la “individualización innominada” en la descripción de hechos, para evitar que la mención genérica e imprecisa genere “disímiles y caprichosas interpretaciones tendientes a negar la amnistía en determinados casos políticos”, sobre todo los considerados emblemáticos.

 

Toca hilar fino, pues, para “generar un cambio interno”, como apunta Bony Pertíñez de Simonovis, amparados en la atribución que el art.187 de la Constitución otorga a la AN para “decretar amnistías”. La refundación política demanda construir nuevos pactos: eso será posible con la inclusión de todas las voces, todas las manos, todas las ideas. Lo que no hay, en fin, es espacio para el resentido y sus venganzas. El tiempo apenas alcanza para evolucionar.

 

Mibelis Acevedo

72 Artículos
@mibelis
@mibelis