Opinión
Bolívar y el decreto excepcional
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Se hace acreedor de todo tipo de sospechas un decreto sobre medidas de excepción que busque justificación en “la suprema garantía de los derechos humanos sustentada en el ideario del Libertador Simón Bolívar”. Acudir al autor de la Proclama de Guerra a Muerte y al ordenador del arrase de Pasto, porque los pastusos mantenían fidelidad a la monarquía, no es pilar sólido para la gesta que ahora pretende profundizar Maduro para la custodia de unas prerrogativas que no ocuparon el pensamiento del héroe, y sobre las cuales nadie pensó en el siglo XIX porque el tiempo no estaba para esas adelantadas luchas que el futuro guardaba como materia exclusiva. Pero no se hace la observación para aumentar la reputación antibolivariana del escribidor, sino para que reflexione el lector sobre la carga de argumentos especiosos en los cuales se sostiene un documento que procura conceder legalidad a los excesos que su autor quiera cometer en adelante.

Presentar a don Simón casi como precursor de las ONG, mientras se desembuchan alegatos contra el imperialismo y contra una inminente invasión de potencias extranjeras que está inducida por los empresarios de la derecha, conduce a cualquier tipo de cavilaciones sobre el propósito del decreto. El documento también refiere a una mala jugada de la madre naturaleza de cuyo vientre nació un inoportuno niño, es decir, a lo que a su manera Bolívar consideró como una “conspiración de los meteoros” contra la república. Todo muy ajustado a los evangelios patrióticos pero, precisamente por eso, susceptible de la mayor desconfianza. Los objetivos no deben ser transparentes, si se refugian en una mezcla de afirmaciones carentes de sustento que parten de una anacrónica atribución en cuyo centro aparece, circundado de refulgencias, el padre de todos los armados padres de la patria que vuelve de la tumba, como lo hizo en los horas del Comandante Eterno, para lavarnos el honor.

Entre los peligros que encierra el decreto hay dos especialmente dignos de atención. En el apartado 7 del artículo 2 se prohíben las sanciones contra “las máximas autoridades del poder público”, porque están ocupadas en la operación de salvamento de la patria para la cual los ha convocado el líder. En el apartado 9 del mismo artículo se conceden “funciones de  vigilancia y organización a las organizaciones de base del Poder Popular”, junto con la FANB, la PNB y los cuerpos de policía estadales y municipales. Ahora existe un elenco de funcionarios intocables, ante cuyas acciones no se puede proceder mientras el jefe considere que persisten las amenazas contra la patria. Hagan lo que hagan, no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Si alguien tiene la osadía de atacarlos o quizá solo de levantar la voz contra sus acciones, aun cuando sean delictivas, las “organizaciones de base del Poder Popular” le pueden dar su merecido, como se lo darían a las protestas populares según suelen hacer los militares y los gendarmes del chavismo.

No sé qué dirán los miembros del alto mando militar y los jefes policiales ante la epifanía de unos inesperados compañeros de batallón, armados contra el pueblo que pelee por sus necesidades. Quizá no les guste convertirse en parejas de unos colectivos que ya han ofrecido testimonio de sus heroicas hazañas, ni en compinches de unos milicianos barrigones que resaltan como negantes de la marcialidad. Seguramente no les complazca este injerto de comparsa y auxilio delictuoso, pero todavía no se han manifestado. El Libertador, en cambio, dijo lo que debió decir sobre tales asuntos. Estuvo de acuerdo con la creación de una suerte de funcionarios exceptuados de la vindicta pública, los miembros de un “colegio de areopagitas” que él se ocuparía de seleccionar con infalibles pinzas. Por fortuna, los diputados de Angostura se escandalizaron ante la idea y no la concretaron en la Ley Fundamental. A la vez, no se cansó de hablar del peligro que significaban “las pasiones de la multitud”, especialmente cuando cogían calle con el apoyo de las bayonetas y de las “fuerzas oscuras”. En ningún caso habló de esos derechos humanos a los que acude Maduro para disfrazar la nueva etapa de su autoritarismo.

chuogonzalez

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