Opinión
¿Cuál es la responsabilidad patrimonial del Estado en función de la Administración Pública?
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Justo Freites/Abogado

La responsabilidad patrimonial del Estado en el ejercicio de la función de la Administración Pública, es uno de los dos pilares fundamentales del Derecho Administrativo y estando ampliamente fundamentada en nuestro Texto Constitucional en la circunstancia de hacer responsable al Estado y a la Administración Pública por la violación de derechos humanos. Esta institución de la responsabilidad patrimonial del Estado tiene su consagración además del 140, en los artículos 2, 4 y 141 Constitucional; en el 14 de la Ley  Orgánica de la Administración Pública y el 259 de la Constitución que amplía la jurisdicción contenciosa administrativa para “conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos”.

Así, el artículo 140 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresamente señala, que: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualesquiera de sus bienes y derechos, siembre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la Administración Publica”.

Ante la situación generada en nuestros centros de salud –hospitales-  por la carencia de insumos o medicamentos, el Estado, de conformidad con la Constitución, debe responder patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento normal o anormal, de los servicios públicos.

El artículo 83 Constitucional consagra el derecho a la salud como un derecho social fundamental y además, se podría decir, un derecho prestacional; así los artículos 84 y 85 Constitucional, conjuntamente a lo establecido en la máxima jurisprudencial patria sobre la materia (ver sentencias CSJ/SPA, 20 de enero de 1998, caso J.R.B.D.L.D.R. contra Ministerio de la Defensa: N° 487 del TSJ/SC, 06 de abril de 2004; N° 1505 del TSJ/SC 05 de junio de 2003; y las más de reciente data, sentencia de fecha 15 de junio de 2016 de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo y Sentencia N°583 de fecha 07 de junio de 2016 de la SPA del Tribunal Supremo de Justicia), podemos deducir que es al Estado quien le corresponde salvaguardar, garantizar y proteger éste derecho humano social fundamental siendo el mismo una extensión al derecho a la vida e imprescindible para el ejercicio de los demás derechos reconocidos como fundamentales.

Nuestra Constitución determina que la atención médica funcionará bajo un SISTEMA ÚNICO DE SALUD PÚBLICA, lo que significa que el Estado adoptará todas las decisiones y directrices sobre el derecho de la salud y también el derecho de atención médica.

Asimismo, la Ley Orgánica de la Salud, cuyo propósito es establecer y definir los principios generales que regulan la salud en Venezuela, así como todo lo relacionado con las directrices y bases de salud como proceso integral, determinará la organización, funcionamiento, financiamiento y control de la prestación de los servicios de salud –art. 1° de la LOS-. A su vez, el artículo 5° de la ley in comento,  instituye al Ministerio de Salud como órgano rector y planificador de la administración pública nacional de la salud.

A la luz de esto y de la teoría de la responsabilidad patrimonial del Estado en la Función Pública, es,  el Estado,responsable por las deficiencias en el Sistema Público Nacional de Salud,  por ende, los funcionarios y  autoridades están obligadas a velar por el mantenimiento de la salud pública en nuestro país y deberán proveer los medios de prevención y asistencia como lo establece la Constitución.

Ante esta perspectiva, se reafirma el carácter de la salud como derecho social y el papel del Estado como su garante y los funcionarios públicos del sector salud, como ejecutores de las políticas públicas que garanticen la salud y la calidad de vida a todos los venezolanos sin distingos de ningún tipo.

En el proceso constituyentista que vivió nuestro país, se consideró que no era suficiente consagrar un derecho, sino que era indispensable señalar los principios y mecanismos que  permitieran su concreción, obligándose así el Estado a garantizar este derecho. Contrario a lo postulado en la Constitución de 1961, la concepción de la Constitución de 1999 es más amplia, se concibe la salud como derecho social fundamental, a ser garantizado por el Estado sin distingos ni discriminaciones de ningún tipo, y como parte del derecho a la vida, expresando claramente la vinculación entre salud, calidad de la vida y bienestar colectivo, reconociendo de esta manera el Estado Venezolano su obligación de  satisfacer las necesidades primarias de todo ser humano, salud y  bienestar.

El Estado ha infringido flagrantemente el derecho a la salud de los venezolanos, ha violado los mismos principios y garantías que establecieron los constituyentistas del 99,  al no  dar prioridad,como rector y regulador de las políticas públicasa la promoción de la salud, a la prevención de la enfermedad, y no asegurar el tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad. El Estado, en ejercicio de la Función Pública, y por ende, los funcionarios públicos, por expresa disposición constitucional,están al servicio de los ciudadanos y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, siendo que el ejercicio del poder público –potestad- acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de la Constitución o de la Ley, por expreso mandato del 139 Constitucional, más aún, cuando el derecho a la salud es un derecho humanoy social fundamental.Ante la mayor crisis humanitaria que vive nuestro país, todo venezolano perjudicado ante la inercia de acción del Gobierno, puede reclamarle a este y a los funcionarios públicos  a cargo responsabilidad por acción u omisión que afecte su salud y el adecuado suministro de medicamentos y tratamientos, ya que estos, como se mencionó anteriormente, son responsables directamente.

Dossier 33

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