Opinión
Ética y abstención, por Simón García
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El tema no resulta fácil. Proporciona pistas la profesora Gloria Cuenca, quien intuyo que comenzó a trajinarlo desde que en sus tiempos de estudiante, caminaba desde los debates en la FCU hasta la atención de Ernesto en el cafetín de Medicina Tropical.

Su discernimiento es importante para aclararnos si quienes dudan en votar o ya han optado por un abstencionismo problematizado, pueden validar en motivos éticos su renuncia a un derecho que es consustancial a la existencia de la democracia. La pregunta seguirá allí, cada vez que despertemos: ¿es la abstención una respuesta útil o sólo incrementará fracasos y desconfianzas que nos meterán en una fuga colectiva de los asuntos públicos?

Había leído que uno de los méritos de Maquiavelo radicó en separar la política de la religión y los preceptos morales. Esa separación funda la naturaleza específica de la política como lucha para dirimir e imponer intereses y es la que permite ejercerla de acuerdo a sus propias reglas.

Darle su lugar a la política evitaría enfrentar la consolidación de una dictadura como si estuviéramos viviendo en democracia. Y también valorar que lo decisivo es persistir en la voluntad de cambiar al régimen, aun bajo condiciones injustas. Un problema es si se puede o no perforar la estructura dictatorial e imponerle que respete la voluntad de los electores, lo que ya ocurrió en las parlamentarias. Otro es que uno de los requisitos para derrotar a las rubieras del ventajismo de Estado es la participación masiva de la oposición, imposible de materializar si ella misma la boicotea y la impide mediante la abstención.

Por eso el gobierno montó la trampa caza osos de la juramentación. Induce a la abstención y sustituye la lucha para derrotarlo por la exigencia de que resolvamos anticipadamente el falso dilema si juramentarse ante la ANC constituye un reconocimiento al ilegal doble poder legislativo montado por el régimen.

En términos estrictamente constitucionales no existe reconocimiento si es impuesto por un hecho de fuerza y vulnerando la ley. En términos políticos no lo hay sin consentimiento y rendición ante el poder. Y en términos democráticos no parece justo desconocer la voluntad real de los electores por negarse a cumplir un requisito formal que inventa la dictadura para evitar ser desalojado del poder desde abajo, desde los municipios célula fundamental de la democracia.

La oposición no debería trasladar la línea insurreccional al terreno electoral porque la mayoría de la población exige un cambio democrático, pacífico y sin bayonetas. Menos cuando los ciudadanos tienen el chance de hacer una doble elección: por Alcaldes leales a sus comunidades y por la estrategia para salir constitucionalmente de Maduro.

Lo ético de la política es defender el interés público. Pero, ¿cuál es si cada partido, organización o institución tienen versiones distintas? Una complejidad que nos obliga a admitir la diversidad de posiciones como legítima, fortalecer los esfuerzos por recomponer alguna forma de unidad entre los partidos y lograr una armonía autónoma entre mundo civil y partidos democráticos unidos.

@garciasim

Simon Garcia

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