Opinión
Ley de Presupuesto y corrupción.
Opinión

Omar Barboza Gutiérrez

Cuando el ex Ministro Giordani denunció que en Cadivi se habían robado 25.000 millones de dólares con asignaciones de divisas a empresas de maletín pertenecientes a testaferros de funcionarios públicos y dirigentes del oficialismo, y ante el reclamo de la sociedad democrática para que se investigaran esos hechos, el Presidente Maduro le prometió al país realizar esa investigación y sancionar a los responsables, tenía una gran oportunidad de demostrar si estaba del lado de los corruptos o de los intereses del pueblo, y como consecuencia de ese anuncio el 3 de Diciembre del año 2013 según Gaceta Oficial No. 40.307 designó una comisión para realizar esa investigación e informar al país de los resultados y de las sanciones en contra de los responsables, esa Comisión está presidida por el actual Diputado Ricardo Sanguino, por los actuales Ministros Jesús Faría y Vladimir Padrino y por otros funcionarios. A estas alturas esa Comisión aún no ha informado del resultado de esa investigación, por lo cual no es necesario un profundo análisis para llegar a la conclusión de que esa Comisión no se designó para investigar esos hechos, sino para silenciar un desfalco que hoy representa más del doble de las reservas internacionales actuales de Venezuela.

La intención de evitar la investigación y el control sobre el manejo de los recursos públicos se expresó claramente a partir del triunfo de la unidad democrática el 6 de Diciembre de 2015, sabiendo que le corresponde a la Asamblea Nacional la atribución constitucional del control de la Administración Pública Nacional de acuerdo al Artículo 187 numeral 3 de la Carta Magna, la cúpula beneficiada con el manejo deshonesto de los dineros del pueblo, se reunió de emergencia y elaboraron un plan para evitar ser controlados por una Asamblea Nacional dispuesta a cumplir con sus responsabilidades, y acordaron ejecutar tres acciones. Para tratar de librarse del riesgo de quedar descubiertos; empezaron por designar adelantadamente violando la Ley y la Constitución, a Magistrados militantes del Partido de gobierno para impedir con apariencia de legalidad las actuaciones constitucionales del Poder Legislativo, la segunda acción que ejecutaron fue suspender arbitrariamente a 3 Diputados electos del Estado Amazonas para impedir el ejercicio de las dos terceras partes que fue la mayoría calificada que la voluntad popular le otorgó a los candidatos de la unidad democrática para cumplir con el mandato de impulsar el cambio político; y luego, una vez instalada la nueva Asamblea, en el mismo mes de Enero de este año, el Presidente Maduro asiste a la misma para solicitarle la declaratoria de la Emergencia Económica, con la excusa de combatir la supuesta guerra económica de la oligarquía y del imperio, la cual fue negada por la Asamblea Nacional por estar mal fundamentada y por no estar el Poder Legislativo en disposición de renunciar a sus atribuciones ni a dejar de cumplir con el mandato  que el pueblo le dio con el voto. Entonces recurrió a sus Magistrados para que le aprobaran esa Emergencia sin tener atribuciones para hacerlo violando claramente la Constitución, pero al gobierno lo que le interesaba era una apariencia de legalidad para manejar el dinero público por Decreto como lo ha hecho durante este año, y sobre todo no someterse al control constitucional de la Asamblea Nacional.

Lo que ha ocurrido con la Ley de Presupuesto del 2017, es una demostración adicional de que al Presidente Maduro y a su entorno íntimo, lo que le interesa es seguir manejando el dinero público a escondidas y sin control, y a pesar de que a la Asamblea Nacional de acuerdo al Artículo 187 numeral 6, le corresponde aprobar la Ley de Presupuesto y orientar el destino del gasto, con la excusa de que la Asamblea Nacional está fuera de la Constitución se burla de esa disposición.

El Presidente Maduro recurrió a sus incondicionales de la Sala Constitucional para que le sigan pagando los favores recibidos, y estos bárbaros disfrazados de Magistrados, lo que hicieron fue darle apariencia de legalidad a una violación evidente de la Constitución, asumiendo la Sala Constitucional la vergüenza para la justicia de asumir ellos las funciones de control político y de legislar que solo le corresponde al Poder Legislativo por la legitimidad que le da la voluntad popular  y el Artículo 5 de la Constitución.

La respuesta contundente, permanente y firme, debe ser la movilización nacional hasta triunfar en el Revocatorio o producir la renuncia del Presidente de la República por solicitud del pueblo en la calle.

barbozaomar@yahoo.com                                           17-10-2016

Omar Barboza

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