Opinión
Por un Frente Nacional contra la Constituyente, por Hildebrando Ramírez Fuentes
Opinión

En las últimas semanas hemos visto o leído, en medios de comunicación nacionales e internacionales opiniones de rechazo a la propuesta de Nicolás Maduro de convocar e imponer en Venezuela una Asamblea Nacional Constituyente Corporativista, que no persigue otro fin que darle carácter constitucional a la tiranía para perpetuarse indefinidamente en el poder.

En medio de una creciente crisis económica, social, institucional, política y de gobernabilidad sin precedentes en la historia contemporánea de este país, Maduro da un salto hacia delante en sus pretensiones de disolver la Asamblea Nacional de mayoría opositora y destituir a la Fiscal General de la República, apoyado en el poder persuasivo de las Fuerzas Armadas –columna vertebral del Estado-Psuv- y en el poder represivo de los organismos policiales y paramilitares promovidos, financiados y armados por el régimen, así como por el Tribunal Supremo de Justicia. La sentencia 378 del 31 de mayo pasado, de la Sala Constitucional de ese órgano del Estado ha dictaminado que el Presidente de la República puede convocar una Constituyente sin consulta popular previa, en flagrante violación de la vigente Constitución de 1999, que así lo ordena. La mesa está servida para la profundización del conflicto.

De acuerdo al último informe presentado este martes 30 de Mayo por Alfredo Romero, Presidente Ejecutivo del Foro Penal Venezolano, al cumplirse 60 días de protestas continuas contra el régimen de Maduro, se han registrado 69 personas fallecidas en todo el país, 49 de las cuales han caído asesinadas en las represiones de las manifestaciones. Así mismo, reporta que “se han registrado casi 3000 arrestos en toda Venezuela, más de 80% son jóvenes, 60% estudiantes, 316 mujeres y 196 menores de edad”.

Afirma Romero que “se han realizado 2977 arrestos arbitrarios, de los cuales 1351 personas permanecen detenidas” y  agrega “que las cifras de los presos políticos también aumentaron desde el inicio de la manifestaciones a 309, en donde 21 son mujeres, 118 estudiantes, 32 militares y 12 dirigentes políticos”. Esta situación se ha visto agravada por la puesta en marcha del denominado “Plan Zamora” (especialmente en los Estados Carabobo, Barinas y Táchira) que permite a organismos policiales arrestar, someter, encarcelar y enjuiciar a civiles ante tribunales militares, en flagrante violación de todas las garantías y derechos contenidos en la Constitución de 1999, así como de tratados y convenios internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela.

No obstante, la presión aumenta. Pese a la hambruna, a la escasez o al desabastecimiento de medicinas y de insumos médico quirúrgicos y de la brutal represión, con sus secuelas de muerte y destrucción, líderes y partidos políticos, estudiantes y  sociedad civil en general se mantienen en resistencia activa en la mayoría de las ciudades y localidades del país hasta alcanzar los objetivos propuestos, esto es: libertad para presos políticos; respeto a la autonomía del Poder Legislativo; apertura de canales de ayuda humanitaria; cese a la persecución e inhabilitaciones a líderes políticos, alcaldes y gobernadores opositores, y realización de elecciones generales.

Venezuela llegó al punto de no retorno. La mayoría de las encuestas de opinión reflejan el ánimo y las convicciones de los venezolanos: cerca del 80% exige la renuncia de Maduro; 78% lo considera responsable de la grave crisis que vive el país, mientras que el 80% o más rechaza la convocatoria de la  Asamblea Constituyente.

Acorralado por la crisis financiera y económica y por su enorme impopularidad recurre a lo que mejor sabe hacer: seguir reprimiendo, mantener a toda costa la lealtad de las Fuerzas Armadas y comprar voluntades con la distribución de bolsas de alimentos entre sus cada vez más precarias bases de apoyo popular.

En este escenario de crisis y de presión interna e internacional (OEA, ONU, Mercosur,  Parlamento Europeo, Unasur, entre otros) son cada vez más frecuentes las opiniones de rechazo a la propuesta de la Constituyente surgidas desde las entrañas del viejo chavismo. La lista es significativa.

Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República y antigua aliada de Hugo Chávez toma distancia de Maduro y empieza a asumir las competencias y atribuciones de su cargo. Y tras la Fiscal de la República no han dejado de parar los pronunciamientos de viejos amigos y compañeros de militancia de Maduro: Juan Barreto, diputado a la Asamblea Nacional, Alcalde de Caracas y Secretario General de REDES; Gabriela Ramírez, Defensora del Pueblo durante los últimos años de gobierno de Chávez; Miguel Rodríguez Torres, Mayor General, ex ministro de Relaciones Interiores;  Clyber Alcalá, Mayor General, ex comandante de la Red de Defensa Integral (Redi) Región Guayana y hombre de confianza de Chávez; Maripili Hernández, Vice Canciller, ministra de Comunicación e Información, ministra de la Juventud y asesora de Hugo Chávez. Habría que añadir a Danilo Antonio Mojica Monsalvo, magistrado de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), William Ojeda ex diputado a la Asamblea Nacional; Gustavo Márquez, ex titular de la cartera de Comercio y ex embajador de Venezuela en Colombia; los ex ministros Ana Elisa Osorio, Jorge Giordani y Héctor Navarro, y Aporrea antiguo portal de debates al servicio del Socialismo del Siglo XXI, hoy convertido en uno de los medios más críticos del Jefe de Estado. Asimismo, hay que señalar a un importante grupo de 40 ex constituyentes como Florencio Porras, ex gobernador de Mérida, Alberto Jordán Hernández,  Haydeé Franco, Ernesto Alvarenga (ex Jefe de la fracción parlamentaria del MVR) y Antonio Giampaolo, entre muchos otros.

Estos pronunciamientos, especialmente el de la Fiscal General de la República, quien para Luis Vicente León, analista, economista y director de Datanalisis “es el mayor riesgo para el gobierno y la mejor oportunidad para la oposición”,  hacen prever que el Estado-Psuv está a punto de hacer implosión, entre otras razones porque Ortega Díaz ha acusado los excesos de las fuerzas policiales y desmanteló el entramado de mentiras que los cuerpos policiales crearon en torno al asesinato del joven Juan Pernalete, símbolo de la Resistencia.

Obviamente las respuestas no se han hecho esperar: la Fiscal General estremeció la zona de confort de los Mayores Generales Vladimir Padrino, Ministro de la Defensa, y de Néstor Reverol, ministro del Interior, cuyas actuaciones no habían sido cuestionadas por los Poderes del Estado, excepto por la Asamblea Nacional.

Es bastante probable que en los próximos días el clima de tensión al interior del chavismo-madurismo aumente y eso abre un abanico de posibilidades del que carecía la oposición.

Conviene precisar que no es cierto que la disidencia del chavismo tenga intenciones de pasarse a la oposición. Lo que sí están haciendo es deslindarse de Maduro, bien por convicción o por sentido de supervivencia política, la excusa para el desmarque es la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, amañada, contraria al espíritu de la Constitución de 1999 (que hemos exigido respetar desde la oposición), que ha sido derrotada política y jurídicamente al nacer y que no goza de la aprobación de las grandes mayorías. Sin embargo, en las actuales circunstancias considero oportuno, pertinente y políticamente correcto que la oposición invite a la disidencia chavista a conformar un frente común contra la Constituyente. Tenemos que impedir que Maduro se perpetúe en el poder y para lograr ese objetivo mayor necesitamos, entre otras acciones, que el chavismo disidente milite en la Resistencia. Estamos en un punto de no retorno en la lucha contra la dictadura y debemos seguir avanzando hasta lograr unos objetivos que ya no son exclusivos de la oposición democrática sino de la gran mayoría de los venezolanos.

En mi opinión, llegó la hora de unir a líderes políticos, partidos de oposición, sociedad civil, academias, universidades, gremios estudiantiles y profesionales, artistas, intelectuales, sindicatos obreros y patronales, a las distintas iglesias y a todos los que rechazan la dictadura y sus pretensiones constituyentes (especialmente a la disidencia chavista, agrupada o no en partidos). Más allá de las diferencias políticas- ideológicas, el futuro inmediato de Venezuela dependerá, en buena medida, de que seamos capaces de acordar una agenda común para enfrentar la dictadura y su propuesta de Asamblea Constituyente.

El prestigio, la credibilidad, la justeza de nuestra causa y el talante libertario y democrático de la Resistencia ganarían mucho más si somos capaces de abrirles las puertas a quienes, hasta hace poco, eran algunos de nuestros más feroces detractores.

*Hildebrando Ramírez Fuentes. Dirigente de la Unidad Democrática. Abogado (Universidad Central de Venezuela), con estudios de Planificación y Gerencia Pública (Instituto Venezolano de Planificación. Caracas. Venezuela)

Sofia Torres

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