Opinión
The enforcement issue por Luis Remiro
Opinión

El 27 de octubre de 2017, se declaró oficialmente la República independiente de Cataluña. Los parlamentarios, escogidos democráticamente a través de elección popular, aprobaron mayoritariamente en la sede del parlament de Cataluña, un texto que ponía en marcha todo el aparataje institucional en función a la desconexión del Estado español y, por ende, un cambio radical en el sistema político vigente. Como era de esperarse, no solo la declaración de independencia no tuvo el efecto deseado, sino el Estado dispuso de toda su fuerza para detener a la clase política impulsora del soberanismo catalán y suprimir cualquier intento posterior de cambio que alterara el estatus quo.La declaración de independencia no prosperó por múltiples razones, pero (de forma un tanto irresponsable) las condensaremos y diremos que, al final, las fuerzas independentistas, simplemente, no pudieron “hacer cumplir su mandato”.

El título de este artículo está en ingles no por un esnobismo o por alguna tendencia cosmopolita, sino por la dificultad de conseguir una adecuada traducción de la palabra “enforcement”al castellano. Ésta, comúnmente está traducida como la aplicación o realización de una cosa, tradicionalmente, referida a la aplicación de la ley. En su forma sustantiva, la palabra hace, sin duda, una referencia al ejercicio de una facultad o la ejecución de una acción. En fin, con esto nada más queremos justificar su uso en las próximas líneas e informar al lector que cuando nos refiramos al “cumplimiento de” o a la “aplicación de”, en verdad solo buscamos un sustitutivo adecuado del término “enforcement”.

De igual manera, confesamos que el párrafo introductorio fue solo usado de ejemplo y aclaramos que nuestra intención no es hablar de la cuestión catalana, al menos no en este artículo. Quizás lo que buscábamos era hacer, en modo de advertencia, cierto paralelismo con lo que puede ocurrir en Venezuela en los próximos días con respecto a la decisión de la Asamblea Nacional sobre “la sentencia” de antejuicio de mérito al presidente Nicolás Maduro. Probablemente ni siquiera sea necesario recurrir a eventos ocurridos en otros países para ejemplificar la incapacidad de ejecución de una decisión de la rama legislativa. La Asamblea Nacional venezolana, desde su elección en el año 2015, ha fracaso una y otra vez en sus intentos de remover de manera inmediata a Nicolás Maduro de la presidencia de la República. El famoso discurso del, en ese momento, presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup (2015), dondedeclaraba la salida del chavismo del poder en 6 meses, se ha convertido más en una maldición que en un presagio.

Claro está que no ha sido por falta de voluntad (algunos dirán que sí) que la Asamblea Nacional, a pesar de todos los mecanismos institucionales con los que cuenta, no ha podido remover a Nicolás Maduro de la presidencia. Sería injusto no mencionar que esta incapacidad en lograr el cambio político en Venezuela, es debido al bloqueo judicial que tiene impuesto el chavismo sobre el poder legislativo desde su elección; piedra de tranca que ha paralizado todo su accionar parlamentario y la ha dejado netamente como una megafonía para denunciar toda la tragedia que hoy ocurre en Venezuela, lo cual resulta insuficiente para la mayoría del país.

Los fracasados intentos de remoción del presidente: declarando su falta absoluta, cuestionando su nacionalidad o no reconociéndolo como tal bajo la bandera de la rebelión, se enfrentan con la dura y sobrecogedora realidad del ejercicio ejecutivo de Nicolás Maduro, que cada vez es más autoritario e impositivo. No podemos ignorar que estos ensayos estériles de salidas inmediatistas, se producen mientras que la población venezolana atraviesa una crisis humanitaria que, debido a la falta de medicinas y alimentos, arrebata cientos de vidas diariamente y separa familias que migran a territorios extranjeros en búsqueda de un futuro mejor. Cada intento fallido supone, a su vez, un golpe directo a la legitimidad de la élite política opositora (liderazgos y partidos políticos), a la Asamblea Nacional como institución y a su rol de agente de cambio de este estado de crisis en el que está sumergida Venezuela. Este drenado de credibilidad coloca a la AN en una posición mucho más débilde lo que ya era a unos meses de ser elegida, y por supuesto, incapaz de imponer cualquier decisión al gobierno de Maduro.

La Asamblea Nacional tiene un nuevo reto, deben legislar sobre la sentencia de antejuicio de mérito a Nicolás Maduro, decretada por el Tribunal Supremo de Justicia “legítimo” (que sesiona desde el exilio debido a la persecución del chavismo a sus magistrados) bajo la amenaza del descredito del ala más radical de la oposición venezolana, de no hacerlo. El “mandato del 16 de julio”, que suponía ser un impulso de legitimidad para la oposición venezolana, ha sido una carta constantemente usada como chantaje y excusa para la descalificación. Se ha preferido tildar, de manera irresponsable, a la dirigencia de colaboracionista y corrupta, antes que admitir que la represión y coacción del gobierno no ha permitido ni a la élite opositora (Ni a la MUD, ni a María Corina Machado), ni a la población en general (demostrado en el ciclo de protestas del 2014 y 2017) hacer cumplir ningún mandato.

La decisión que tomen los diputados tendrá un conjunto de consecuencias, probablemente negativas para la dirigencia del Frente Amplio y la confianza colectiva en el liderazgo opositor. Teniendo en cuenta que los diputados llegan a la sesión divididos en 3 bloques parlamentarios distintos, sin garantía de alcanzar el quorum necesario para realizar la sesión y bloqueados, no solo por el TSJ presidido por Maikel Moreno (para diferenciarlos) sino también por la Asamblea Nacional Constituyente, los resultados de este nuevo ejercicio parecen desalentadores desde ya, ante la incapacidad del órgano legislativo. Generar altas expectativas en la sociedad y defraudarlos, nuevamente, solo puede seguir cavando más profundo el hoyo en el que se está enterrando, de forma casi voluntaria, el liderazgo opositor en Venezuela.

Bajo el yugo de la omnipotencia autoritaria de la Asamblea Nacional Constituyente y la llegada de unas elecciones presidenciales de escasa legitimidad, la luz de la esperanza de cambio en el país está cada día más cerca de apagarse. El cambio vendrá en tanto la dirigencia opositora:logre comunicar a la población sus próximos pasos y aciertos (si se alcanzan);se construya una estrategia coherente de forma unitaria, donde se planteen objetivos alcanzables, que debiliten el poder hegemónico del chavismo; y, a su vez, no se renuncien a espacios de negociación y dialogo que consientan la apertura de mecanismos que permitan, de manera democrática, salir de la crisis en Venezuela.

Dossier 33

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