Opinión
Tobías Bolívar Parra
Opinión

Es un parlamentario que piensa proponer en la AN un Consenso Político Institucional (CPI), fundamentado en un vínculo de solidaridad para resolver las contrariedades que ha generado un proceso con serias dificultades tanto para definirse como ejecutarse. En rigor un acontecimiento contrario a lo que ha debido ser, fuente de una aflicción profunda y consecuencias inimaginables. Una desgracia nacional.

A Ramón Guillermo Aveledo y Jesús M. Casal, expertos en temas parlamentarios, le consulta, recibiendo al día contiguo un Parecer que califica a la iniciativa un hecho eventual condicionado a precisar con quién se concierta la solidaridad, sí con el gobierno, los diputados y el liderazgo opositor. Consideran claves las elecciones de diciembre y un probable camino para un diálogo que confrontaría lo manoseado del régimen y de la renovación en los partidos (Naim). Al parlamentario preocupa la afirmación de que el Consenso esté además supeditado a la concurrencia de las atribuciones constitucionales del Presidente, la AN y el TSJ y a cómo éstas se ejerzan. El Dictamen puntualiza que la Asamblea legisla, enmienda y reforma la Carta Magna, controla al gobierno, decreta amnistías, califica a sus integrantes, aprueba el presupuesto, autoriza créditos adicionales, faculta la celebración de contratos, censura al Vicepresidente y a los Ministros, designa al Fiscal General, autoriza el nombramiento del Procurador, permite la salida del Primer Magistrado del territorio y aprueba tratados internacionales. El Parlamento atestiguan los consultados, si no actúa con coherencia, podría generar una crisis de gobernabilidad que desfavorecería al PCI, potenciando más bien que un pueblo al que falta poco por explotar del enardecimiento con el cual cohabita reclame la renuncia del Primer Magistrado, que éste se vea compelido a abandonar el cargo o porque cambie el escenario y el TSJ acuerde la destitución o se plantee revocarle el mandato. La consecuencia es que habría de elegirse a un Jefe de Estado. A la soberanía popular quedaría consecuencialmente delegada la posibilidad del PCI. Esta crisis puede producirse asimismo por la censura al Vicepresidente, que acordada 3 veces en el período legitima al Presidente para disolver la AN, por lo que se realizarán elecciones para una distinta, rescatándose, también, por parte del pueblo, como en la hipótesis anterior el ejercicio de la soberanía. No deberíamos descartar un caos que derive en poderes presidenciales absolutos, quedando la democracia pospuesta, pero sin saber hasta cuándo. El diputado percibe sarcasmo en este aserto de La Opiniónde los consultados.

Las potestades constitucionales para el Dictamen son consecuencia de la separación de los poderes, conviniendo especificar que al TSJ pertenece la jurisdicción constitucional, el enjuiciamiento presidencial, pero asimismo el del Vicepresidente y diputados. Pero también para anular las providencias ejecutivas y determinar el alcance de decretos legislativos. La eventualidad de un CPI estaría, por lógica, condicionado a la autonomía del TSJ ante el Primer Magistrado y la AN. Una enredadera puede ocasionarse por falencia de acuerdos institucionales de solidaridad. Expresión también entre comillas en el Dictamen.

A petición de Tobías Bolívar Parra se reúne la MUD con la presencia de Isabel Carmona, Eduardo Fernández, Oswaldo Álvarez, Carlos Canache, Américo Martín, Felipe Mujica, Claudio Fermín, Antonio Ledezma, María Corina Machado y un representante de Leopoldo López. Doña Isabel afirma que los CPI derivan de acontecimientos estremecedores de los pueblos, el saboteo de las pautas de convivencia de las constituciones, la ruptura del equilibrio entre los poderes públicos, la guerra, el hambre y el escamoteo del erario público. También por la necesidad de pueblos equivocados de acudir a países desarrollados (Cuba y tal vez Venezuela a EEUU. Shannon) para atenuar crisis estructurales. La desgracia nacional nos hará reaccionar alcanzando un CPI con mayoría de diputados opositores como lo rezan las encuestas (Félix Seijas IVAD / LV León). Eso sí una exigencia hemos de hacer a Tibisay Lucena a de que se admita como lo han requerido 27 exjefes de Estado iberoamericanos que las elecciones sean libres, justas e imparciales, designándoseles observadores para que se realicen bajo un clima de confianza y total transparencia (El Nacional). Hay asentimiento total.

El optimismo es evidente, contagioso y esperanzador. Pero Ledezma acota que nuestro liderazgo ha perdido la representación del pueblo, el cual ya no nos no mira para poner fin al desastre, tolerando penurias con la angustia del hasta cuándo. Por eso lo que se impone es calle, calle y más calle. La reunión concluye en que habría que analizar la apreciación pero después de diciembre.

Renaceremos en democracia se escucha por las emisoras radiales.

Luis Beltran Guerra

Doctor en Derecho, Harvard University. Profesor de Derecho Administrativo - Fundador (Partner) Luis Beltran Guerra
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