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Amnistía debe aprobarse vía decreto para evitar trabas del Ejecutivo
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La legalidad de la amnistía es incuestionable. Pero si depende del Ejecutivo será una decisión que no procederá. “Las alcabalas deben evitarse”, recomendó el presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, José Vicente Haro. La liberación de los presos políticos debe ser por la vía de un decreto aprobado por la Asamblea Nacional (AN) y no por una ley que además de innecesaria, pasaría por el control del Gobierno.

La idea es evitar darle a la amnistía figura de ley que debe ser promulgada por el Presidente de la República y un posible control del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Nada de eso es obligatorio. Solo se requiere la aprobación del parlamento porque se trata de una decisión política para la que la AN tiene facultades constitucionales.

Si se convierte en una ley se correrían riesgos. “El Ejecutivo puede vetarla, o el TSJ puede simplemente decir que es inconstitucional como ya han asomado oficialistas como Diosdado Cabello, y eso dejaría sin efecto la iniciativa de los diputados y haría aún más complicada la liberación de los presos políticos”.

El abogado y exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Julio Elías Mayaudón, coincidió. Durante el foro “Crisis Constitucional en Venezuela y Derechos Humanos” realizado el miércoles en el Instituto de Estudios Jurídicos del Colegio de Abogados de Carabobo, señaló que basta con la aprobación de la AN para que la amnistía sea posible.

La amnistía es un acto legislativo para resolver situaciones de injusticia por razones políticas, “esa es su naturaleza. Sería ilógico pensar que se va a decretar mediante una ley que va contra el Gobierno que castigó la disidencia y ponerla a su orden para su aprobación”.

Conflicto de poderes

Con palabras fuertes y directas el presidente Nicolás Maduro amenazó a la AN al asegurar que se reserva las acciones administrativas y penales que ejercerá en contra de la desaprobación del Decreto de Emergencia Económica. Haro explicó que se trata de impugnar ante la sala constitucional del TSJ la negativa de los legisladores pese a ser una decisión apegada a la legalidad.

“Se ha desatado un conflicto de poderes”. Los magistrados del TSJ no tienen atribuciones para obligar a la AN a aprobar el decreto ni para autorizarlo pasando por encima del Poder Legislativo. “No es correcto utilizar el TSJ para que el decreto sea aprobado. Eso solo incrementaría la crisis institucional actual y sería un motivo suficiente para que esos magistrados sean destituidos”.

Haro recordó que la designación de los nuevos titulares de la sala electoral fue ilegal. Se violaron todos los plazos establecidos por la Constitución. Fue un acto previamente preparado para contar con el TSJ como aliado. De haberse cumplido con la legalidad a finales de febrero se habría culminado el proceso y no el 23 de diciembre.

Con Información de: El Carabobeño / Dayrí Blanco