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Avivir atenta contra el Plan Urbano Local
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“No nos oponemos a que otros ciudadanos tengan garantizada su vivienda, eso no está en discusión. Nos oponemos a que la administración central procure inversiones que distorsionen el desarrollo de Barquisimeto, una de las pocas ciudades del país con una tradición de planificación urbana”, expresó el arquitecto Wilmer González, integrante de la Red de Instituciones Larenses, a propósito de la última declaratoria Avivir.

Recordó que en 1952 se levantaron los primeros planes urbanísticos. En el 72, el Ministerio de Obras Públicas creó el Proyecto de Plan de Desarrollo Urbano, posteriormente, en el 75, el Concejo Municipal conformó la primera ordenanza de desarrollo individual, separada de Palavecino. Ese mismo año, Iribarren desarrolló el proyecto de planificación urbana, finalmente, en el año 2003, se concreta el Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL), con la participación y consulta de distintos especialistas regionales y nacionales. También existe el Plan de Ordenación Urbanística, hecho por técnicos locales.

“Ante esa realidad alzamos nuestra voz de protesta. Si nosotros tenemos una tradición y hemos dado ejemplo de desarrollo urbano, ¿por qué ahora se decide distorsionar el centro de la ciudad? No se están tomando en cuenta los lineamientos del PDUL para proponer esas viviendas que establece el decreto Avivir, sobre todo cuando   en el casco central está la mayor deficiencia de servicios”, apuntó el experto.

 

Una ciudad se compone de viviendas, áreas de trabajo, áreas educativas, culturales, deportivas, servicios asistenciales, entre otros, a fin de guardar un equilibrio y satisfacer las diversas demandas de los habitantes.

“Ante la improvisación, se pasa de un rancho de lata a un rancho de cemento. Se condena al ciudadano a ser una persona sin aspiraciones de crecimiento”.

Inconsulto
La ingeniero Thais Pérez, representante de la Cámara de la Construcción, mencionó que además de ser el decreto Avivir una intervención inconsulta, se sitúa la declaratoria sobre un área de la ciudad con un sistema de cloacas bastante obsoleto, donde no hay escuelas ni parques.

“De concretarse el decreto los colectores se desbordarían, veríamos todas las bocas de visita colapsadas”.

Hoy en día se aprecian importantes niveles de tránsito en la carrera 19. Con el cierre de la avenida 20, la carrera 19 debería estar libre de carros estacionados lateralmente. “En lugar de generar estacionamientos verticales para aliviar el déficit y que las personas puedan movilizarse, se busca eliminar puestos de estacionamiento de un centro de servicios al cual acude la gente a satisfacer distintas necesidades”.

Desplazados
Otra de las preocupaciones que tiene la Cámara de la Construcción de Lara, según su vicepresidenta Zaida Castro, es el desplazamiento que sufren las empresas constructoras de la región, las cuales prácticamente han desaparecido.

“Todos los contratos se los otorgan a trasnacionales, a iraníes y chinos. Se perjudica a nuestras constructoras, la mayoría ha emigrado, sólo queda 20% aproximadamente”.

En el aspecto de la construcción, Castro observa que las edificaciones que se levantan presentan graves problemas técnicos desde el punto de vista de la estructura y su funcionamiento ante un evento sísmico, por ejemplo. “Desconocemos esos cálculos estructurales, esa es nuestra preocupación ¿Se han tomando en cuenta los servicios, el impacto vial y ambiental que causará Avivir ante un casco central contaminado?”

Negativo
En un país serio, el Gobierno debería actuar seriamente. La ley entra por casa. El Gobierno debe hacer cumplir la ley y dar el ejemplo a la hora de establecer ordenanzas municipales, expresó Giorgio Reni Casas, presidente de la Cámara de Industriales del estado Lara y también miembro de la Red de Instituciones Larenses.

“Pareciera que se pretende aplicar la misma política del “Dakaso” que ocurrió hace unos años… da la impresión”. Reni Casas considera que de concretarse y aprovecharse políticamente este decreto Avivir, se perjudicaría a una incalculable cantidad de personas en el sector.

“Creo que el Gobierno debe rectificar porque las consecuencias serán iguales o peores a las que ahora vemos en el escenario económico; resultados negativos a mediano y largo plazo”.

Preservar el estado de derecho
La abogada Nancy Rodríguez de Rodríguez, miembro del Consejo Consultivo de Fundasab, señala que la figura Avivir viola diversas leyes.

“Desde el primer decreto en 2012, a la fecha, no ha habido ni siquiera movimiento de tierra en los terrenos que fueron incluidos en ese primer decreto, no se ha puesto el primer bloque”.

Rodríguez recordó que en el pasado hubo experiencias positivas, como la urbanización Sucre El Obelisco, Fundalara, Los Libertadores, desarrollos que sí resolvieron el problema de vivienda, sin afectar a otros ciudadanos.

“Aún se está a tiempo de rectificar”, acotó. Por esa razón, la Red de Instituciones Larenses y varias Cámaras de la región, suscribieron un documento que, por la via administrativa, sirva para preservar el estado derecho.

Con la declaratoria Avivir se está afectando el derecho de propiedad de las personas que tienen su titularidad sobre esos terrenos.

Enfatizó que la expropiación por causa de utilidad pública está prevista en una ley que requiere un procedimiento judicial. Solo un tribunal puede expropiar, previo a una serie de requisitos.

Medida arbitraria
Yuyita de Chiossone, vecina y miembro del Consejo Consultivo de Fundasab recordó que dentro del Casco Histórico existe una ley muy importante, que igualmente incide en la zona, se trata de la Ley de Patrimonio Cultural de la Nación.

Esa ley establece una protección obligatoria a todo lo que está dentro de la poligonal.

Impone una serie de normas, de modo que el Instituto de Patrimonio Cultural de la Nación, debe velar, incluso tiene la potestad de paralizar la construcción de cualquier edificación o futura intervención.

Explicó que el estacionamiento de la familia Chiffo, ubicado en una de las cuadras fundacionales de Barquisimeto, en la esquina de la calle 23 con carrera 17, es ahora un Avivir.

“Si allí se piensa hacer alguna intervención, levantar algún edificio, deben guardarse, en todo caso, las normas que establece la Ley de Patrimonio Cultural dentro de un Casco Histórico”.

El Casco Histórico es Zona de Valor Histórico según la Gaceta Oficial Número 32.715 del 26 de abril de 1983.

“Se limita al exclusivo bien cultural aislado que se desea preservar, de manera especial a la conservación del entorno”.

Por su parte, el señor Biaggio Chiffo, en calidad de propietario, declaró sentirse vulnerado.

“Como propietarios nos sentimos agredidos por una manera de actuar muy arbitraria, sin ningún marco legal, sin tomar en cuenta ni evaluar los múltiples parámetros que existen”, apuntó.

 

Con Información de: El Impulso / Lorena Quintanilla