Reporte 33
“Estamos ante un estado de excepción de facto”
Reporte 33

“Estamos ante una especie de ley autohabilitante, el propio Presidente se está autorizando para dictar cualquier tipo de medida, lo más grave es que se pretenden derogar las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional, argumentando que esas competencias constituyen una situación anormal dentro del país”. Así lo señaló el  abogado constitucionalista, José Ignacio Hernández,  al analizar el decreto de estado de excepción y emergencia económica anunciado por el Presidente el pasado 13 de mayo.

Hernández explicó, en declaraciones en programas de radio, que existe una gran confusión porque se habla de estado de excepción y emergencia económica como si fueran dos cosas distintas y lo que contempla la Constitución es que un estado de emergencia económica es una modalidad de estado de excepción.

Acotó que lo que se puede deducir de la alocución que Maduro ofreció la tarde del viernes es que se va a extender el estado de emergencia como un estado de excepción en materia económica, que limita la propiedad privada y la  libertad económica, pero probablemente amplía otros derechos, que hasta ahora no han sido restringido como la libertad de tránsito, de comunicaciones, entre otras.

“El decreto pretende justificarse en la necesidad de aplicar controles especiales. El riesgo que hay es que el estado de excepción llega en un momento de anormalidad institucional por el debilitamiento progresivo de la Asamblea Nacional y la concentración de poderes que encabeza el Presidente de la República, lo que es grave para el funcionamiento de la democracia y la garantía de los derechos fundamentales”, precisó el especialista.

Hernández indicó que coyunturas excepcionales y anormales como esta, requieren soluciones inteligentes, al tiempo que calificó de inédita en nuestra historia republicana la situación actual, “interesante para quien se dedica con este caso  al estudio del derecho constitucional, pero muy delicada para el país”.

“El decreto invoca en su exposición de motivos que el Presidente fue electo en elecciones libres y tiene que ser reconocido , lo mismo vale para Asamblea Nacional, incluso vale mucho más si se toma en cuenta la contundencia de la manifestación  popular expresada el 6 de diciembre. Se evidencia la manipulación de la figura político constitucional que hace el documento”, expresó el abogado.

Añadió que el decreto  tiene que enumerar cuáles son los derechos que están siendo afectados yno lo hace, tiene también que detallar exhaustivamente las medidas que el Presidente puede dictar y tampoco lo hace.  “Tal es así que  el artículo 3 es lo que llamo una norma comodín: el Presidente podrá dictar cualquier otra medida que quiera. Eso no es un estado de excepción constitucional, estamos ante un estado de excepción de facto”, sentenció.

Hernández recordó que la emergencia económica nunca se justificó y que ese decreto fue revocado por la Asamblea Nacional y en virtud de una sentencia de la sala constitucional, derogatoria de la Constitución, se permitió la pervivencia del decreto, pero ya en un régimen de facto.

Sofía Torres