Reporte 33
La Comisión Europea renuncia a la legislación contra las noticias falsas
Reporte 33

David Alendete – El País

A pesar de contar con pruebas de reiteradas injerencias en elecciones recientes, la Comisión Europea, la única que puede proponer legislación europea, renuncia a sugerir leyes para proteger de injerencias los procesos electorales en los 28 países miembros, confiando en su lugar en programas educativos y la autorregulación en las redes sociales. La comisaria de Agenda Digital, la búlgara Mariya Gabriel, se ha dado hasta el 25 de abril de plazo para presentar su propia propuesta contra la desinformación, y aunque entre sus opciones estaba proponer leyes, estas han sido descartadas, según confirma su propio equipo.

La Comisión se vio obligada a tomar alguna medida contra las injerencias antieuropeas después de constatar la diseminación de noticias falsas en el referéndum del Brexit; las elecciones en Francia y Alemania, y la crisis independentista catalana. La comisaria Gabriel, responsable del área digital, se dio hasta abril para tomar una decisión, después de las insistentes peticiones de otros comisarios, eurodiputados y Gobiernos de países afectados por campañas de desinformación rusas, como las repúblicas bálticas.

Las noticias falsas son un instrumento que los enemigos de la democracia usan para que fracase Europa”, dice una de esas voces que han llamado a la acción, el eurodiputado español Esteban González Pons, del Partido Popular. “Necesitamos una normativa que proteja a la democracia de las noticias falsas. Ningún país podrá luchar contra este problema en solitario, necesitamos una normativa europea”.

En la misma línea se ha pronunciado el comisario europeo de Seguridad, el británico Julian King. En una carta enviada a Gabriel el 19 de marzo, cuya existencia reveló The Financial Times y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, King pide expresamente “medidas de obligado cumplimiento” ante la grave amenaza que la desinformación supone para la democracia. De hecho, King se ha visto obligado a gestionar la crisis que para Londres y Bruselas supone el triunfo del sí en el referéndum del Brexit, también manipulado por las noticias falsas.

En enero, Gabriel formó un equipo de 39 expertos que entregaron su propio informe, no vinculante, el mes pasado. En él admiten la enorme gravedad del problema de la desinformación, “que puede suponer una amenaza a los procesos políticos democráticos”. A pesar de ello, los expertos recomiendan programas educativos e incentivos a la prensa, pero ni una sola medida punitiva.

Paralelamente, la Comisión ha efectuado una encuesta telefónica sobre desinformación a 26.000 europeos. El 83% de los encuestados dice que las noticias falsas son un peligro para la democracia. Además, la Comisión recibió 3.000 respuestas a una consulta pública. La mitad de los consultados cree que verificar hechos después de que se publique una noticia falsa es un parche sin efecto real.

Alejandro Romero, fundador de Alto Data Analytics y uno de los expertos que han presentado propuestas a Gabriel, secunda esta opinión: “Solo se puede gestionar aquello que se puede medir y analizar. Europa debe entender que es necesario un análisis avanzado y continuo del fenómeno de la desinformación en la esfera pública de opinión”.

En realidad existe sobre la Comisión una gran presión en contra de más leyes, ejercida tanto por altos funcionarios de países alejados del núcleo central de la UE como por lobistas de empresas tecnológicas que quieren evitar a toda costa más cortapisas en sus negocios en Europa. Además, está el problema del consenso. Según Anya Schiffrin, directora del área de Tecnología, Medios y Comunicación de la Universidad de Columbia, “es muy difícil que la UE logre unanimidad en este ámbito, por eso es más probable que los países, por separado, elaboren sus propias leyes”.

Según admite a EL PAÍS un miembro del equipo de la comisaria Gabriel, no va a haber propuestas legislativas: “No vemos ahora mismo la necesidad, la justificación, ni creo que tengamos los datos necesarios para proponer algún tipo de legislación”. Existe el temor en el equipo de la comisaria de que se perciba que están intentando decidir con una ley qué informaciones son reales y cuáles no. “No queremos que se nos acuse de querer ser un ministerio de la verdad. No queremos que haya una legislación que diga: ahora vamos a decir lo que es cierto y lo que es falso. Aquí hay ya leyes suficientes”. De momento, insisten esas mismas fuentes, la Comisión confía en la autorregulación, es decir, limitarse a emitir códigos de buenas prácticas.

Las elecciones europeas tendrán lugar en un año. Es complejo elaborar encuestas de intención de voto sobre un censo de 500 millones de ciudadanos, pero una predicción de los Jóvenes Europeos Federalistas estima que los euroescépticos pueden llegar a superar el 20% de votos, todo un logro teniendo en cuenta, además, la salida del bloque británico por el Brexit. En escaños, bien podrían superar los 150, de un total de 705. Hoy son apenas 108. Si se les añaden los eurodiputados prorrusos y de partidos populistas, el Parlamento Europeo podría quedar en una situación de permanente bloqueo en la próxima legislatura de cinco años, incapaz de aprobar ley alguna.