Reporte 33
La ruta que impuso la Fiscal General de la República
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Dossier 33 – @Dossier33

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, cuya presencia en la agenda pública cobra fuerza por sus últimas acciones,  denunció que el Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sebin, amenaza a su familia, que ha recibido, incluso,  llamadas directas de funcionarios del órgano. En ese sentido, indicó que responsabilizaba  al Ejecutivo de lo que le pudiera pasar a sus seres cercanos.

La fiscal, una figura tradicionalmente ligada al chavismo ha asumido una serie de actuaciones,  cuestionadas y rechazadas desde el alto gobierno, la última se remite a una demanda de nulidad de la elección de los magistrados introducida ante el TSJ. La representante del Ministerio Público explicó que el proceso de escogencia de los 13 magistrados principales y 21 suplentes que llevó adelante la Asamblea Nacional el 23 de diciembre de 2015, fue un proceso viciado, cuyas irregularidades consignó ante la máxima corte.

“Los magistrados cuya causa se está impugnando deben separarse, inhibirse de conocer esto, pero creo que por la salud del país deberían ser desincorporados de forma inmediata”, declaró Ortega Díaz, quien dijo que el acta en la que se ratifica la selección de los jueces no fue firmada por ella ni por la secretaria del Consejo Moral Republicano.

Ante la demanda de nulidad, el parlamento en su sesión ordinaria de este martes 13 de junio contemplará la consideración de informe de la comisión preliminar del comité de postulaciones judiciales para la elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. vale recordar que en julio de 2016 la Asamblea nacional anuló el nombramiento de los jueces.

La Fiscal aseguró que la institucionalidad en el país se perdió y hay que recuperarla, al tiempo que lamentó que las acciones emprendidas desde su despacho “hayan sido desechadas, inadmitidas, desconocidas o negadas, sin que se produjera un pronunciamiento de fondo” por el TSJ. Tal es el caso del recurso contra la Constituyente, que interpuso el pasado jueves 8 de junio, con el que pedía a la Sala Electoral que se declarase “la nulidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) primero, la decisión de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente por considerar que el decreto presidencial no cumplía con los extremos legales”.

La Sala Electoral declaró inadmisible el recurso por inepta acumulación de pretensiones.

Al respecto, la diputada  Delsa Solórzano, señaló que las instancias nacionales para rechazar la Constituyente impulsada por Nicolás Maduro se agotaron y alegó que lo que corresponde es acudir a instancias internacionales.

El primer y sorpresivo pronunciamiento de la fiscal fue a finales del mes de marzo, cuando manifestó que las sentencias 155 y 156 del TSJ evidenciaban “violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en la Constitución”. A partir de este momento sucesivas declaraciones dejan ver el desmarque de Luisa Ortega Díaz con el régimen de Maduro y trazan una ruta, que aún no termina.