Reporte 33
¿Quién es el vicepresidente de Venezuela acusado de narcotráfico, Tareck el Aissami?
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QUITO, Ecuador — El narcotraficante estaba en una celda en una cárcel colombiana, pero aseguraba que tenía un contacto muy valioso: el ministro del Interior y Justicia de Venezuela.

No se jactaba en voz baja. En 2010 le dijo a una cadena de televisión colombiana que el ministro Tareck el Aissami era su “amigo”, y que uno de los hermanos de El Aissami le haría “cualquier favor que necesitara”.

Esta semana fueron reveladas nuevas acusaciones contra El Aissami, de 42 años, pero esta vez no fue un criminal sino el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que acusó al actual vicepresidente de Venezuela de estar involucrado en el tráfico de narcóticos de Colombia a México.

El comunicado del Departamento del Tesoro dice que uno de sus socios era el narcotraficante venezolano Walid Makled García. El Aissami fue sancionado y se congelaron sus activos en Estados Unidos que, según los funcionarios de ese país, ascendían a decenas de millones de dólares.
Años después de que Makled se vanagloriara de su conexión, El Aissami ascendió rápidamente en las estructuras del poder de Venezuela, hasta que en enero fue nombrado vicepresidente del país.

El Aissami, hijo de inmigrantes de Medio Oriente, pasó de ser un desconocido líder estudiantil a convertirse en el poderoso ministro del Interior y Justicia del país. También fue muy cercano al presidente Hugo Chávez. Como vicepresidente, El Aissami ejerce una nueva autoridad para expropiar negocios y encarcelar a los rivales políticos que el gobierno considera como traidores.

El hecho de que El Aissami sea acusado de narcotráfico lo ubica en el mismo círculo de otros altos funcionarios del gobierno venezolano.

El actual ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol, enfrenta una acusación federal en Brooklyn por colaborar con narcotraficantes de Venezuela en los cargos que ocupó anteriormente. Lo acusan de avisar de incursiones policiales, obstaculizar investigaciones y aceptar sobornos. En noviembre del año pasado, dos sobrinos de la primera dama venezolana, Cilia Flores, fueron hallados culpables en el Tribunal Federal del Distrito de Manhattan por conspirar para transportar más de 800 kilos de cocaína a Estados Unidos. Cada uno enfrenta 10 años de prisión.

Pero El Aissami, una de las principales figuras del chavismo para postularse a la presidencia en 2018, es el funcionario de más alto nivel que enfrenta esas acusaciones.

Según la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el vicepresidente “facilitó los envíos de narcóticos desde Venezuela, incluyendo el control de aviones que salen de una base aérea venezolana” y “supervisó o transportó parcialmente más de 1000 kilogramos de narcóticos”. Se le relaciona con traficantes de México y Colombia, entre ellos Makled.

El Aissami no quiso hacer comentarios sobre sus acusaciones. Pero el presidente Nicolás Maduro lo defendió enérgicamente en televisión. Según Maduro, El Aissami ordenó la captura de decenas de capos venezolanos a lo largo de los años, algunos de los cuales fueron extraditados a Estados Unidos.

El Aissami nació en Mérida, de donde son los “gochos”, con su recio carácter andino. Fue uno de cinco hijos de una pareja de inmigrantes de Siria y Líbano. Se licenció en criminología y derecho en la Universidad de los Andes en Mérida, donde también fue un líder estudiantil de izquierda.

Cuando tenía 30 años entró en la política como diputado en la Asamblea Nacional, representando al chavismo. Eventualmente entró en los círculos cercanos a Chávez y pronto fue catapultado al centro del poder como viceministro, y luego en 2008 como ministro del Interior y Justicia del país.

Fue allí donde los analistas afirman que forjó posiciones poco ortodoxas sobre la aplicación de la ley, particularmente cuando se trataba de la policía y el sistema penitenciario.

En 2009 creó la Policía Nacional Bolivariana. El Aissami dijo que se trataba de un nuevo sistema para combatir al crimen bajo un mando nacional, pero los críticos vieron una motivación política: quitarle los organismos de seguridad a los alcaldes y gobernadores de oposición que dirigían sus propias fuerzas en ciudades como Caracas.

Desde entonces la criminalidad se ha incrementado en Caracas y otras ciudades. En 2011, un motín carcelario sacudió al país y El Aissami respondió cediendo más control a los líderes de la banda criminal en un esfuerzo por poner fin a la rebelión, dijo Jeremy McDermott, director de InSight Crime, un grupo de investigación.

Según McDermott, quien entrevistó a personas relacionadas con el sistema penitenciario, el gobierno comenzó a suavizar el control sobre las cárceles, lo que permitió que los líderes de las pandillas se hicieran cargo.

Esto pudo haber evitado más motines, pero fomentó el establecimiento de poderosos líderes del crimen organizado conocidos como pranes, que controlan el mundo carcelario de Venezuela.

“Fue uno de los momentos clave en el desarrollo de los pranes”, dijo McDermott sobre la gestión de El Aissami como ministro del Interior y Justicia.

 

Una manifestación antigubernamental convocada el mes pasado en Caracas, la capital venezolana. CreditMiguel Gutierrez/European Pressphoto Agency

En 2012, después de pasar cuatro años en el ministerio, Chávez postuló a El Aissami para las elecciones de gobernadores y ganó en Aragua, un estado costero cercano a Caracas. Pero muchas personas dicen que la actividad de las pandillas comenzó a crecer poco después de su llegada.

El estado fue dominado por la banda de El Picure que empezó a robar automóviles y luego se expandió hacia la extorsión, secuestros y el asesinato de policías. Al mismo tiempo, la prisión de Tocorón se convirtió en un centro del crimen organizado donde muchas víctimas de secuestro fueron alojadas mientras se pagaba el rescate, según denuncian los residentes del estado.

Rodrigo Campos, un político opositor de Aragua, dice que El Aissami permitió que los grupos criminales se expandieran, mientras se centraba en la represión de sus opositores políticos. “Era permisivo con todo lo que pasaba”, dijo.

Cuando El Aissami dejó la gobernación para convertirse en vicepresidente, el estado estaba entre los más peligrosos del país, según el Observatorio Venezolano de Violencia, una organización no gubernamental que registra las actividades delictivas.

Las sanciones de Estados Unidos sugieren que El Aissami no solo hizo la vista gorda respecto de la creciente delincuencia de Venezuela, sino que desempeñó un papel activo en esas prácticas. Sin embargo, el anuncio del Departamento del Tesoro no incluyó ninguna evidencia de las acusaciones.

Eso ha provocado que muchos venezolanos exijan una investigación, mientras Maduro califica a las sanciones como otro complot extranjero para desestabilizar su gobierno.

Carlos Ramírez López, un experto en derecho venezolano, rechazó la tesis de que las sanciones son políticas. “No lo están sancionando porque es un revolucionario”, dijo, y aseguró que los estadounidenses formularon los cargos luego de investigar al funcionario durante varios años.

El caso de Makled, el narcotraficante que nombró a El Aissami en 2010, volvió a exponerse públicamente hace poco. Ismael García, un diputado opositor de la Asamblea Nacional, dijo que estaba tratando de lograr que los fiscales vuelvan a investigar el caso. Ahora que la oposición tiene la mayoría de la Asamblea Nacional, García ha prometido volver a proponer la investigación.

Las sanciones estadounidenses no fueron los únicos problemas de El Aissami en los últimos días. CNN difundió una investigación basada en documentos y testimonios que vinculaban a El Aissami con la venta de pasaportes desde la embajada venezolana en Bagdad.

¿Cuál fue la respuesta de Maduro a esa denuncia? Sacar del aire a CNN en Español.

NICHOLAS CASEY y ANA VANESSA HERRERO/www.nytimes.com