Reporte 33
Tratos de favor: coimas y comisiones
Reporte 33

La corrupción sigue siendo un mal que afecta a todos los países y, en algunos casos, a sus respectivos gobiernos. Es una enfermedad que avanza afectando todo el tejido social de una nación, llevándose por delante principios éticos y morales. Ante nada se detiene.

El gigante del sur, Brasil, se ha visto sacudido desde hace varios años por acusaciones de corrupción vinculado a la estatal petrolera Petrobras que involucró dirigentes del partido de Lula durante su gobierno. Por razones semejantes la expresidente Dilma Rousseff fue puesta a un lado en el ejercicio de la presidencia mientras avanzan las investigaciones que ponen en duda la reputación de los dos expresidentes del Partido de los Trabajadores.

Del corazón del Brasil emergió la empresa Odebrecht quien se abrió paso en diferentes países desarrollando importantes obras de infraestructura, sin embargo, el escandalo la alcanza al reconocer el pago de coimas o comisiones para hacerse acreedora de grandes contratos. Varios altos ejecutivos y dueños de la inmensa constructora brasilera están presos y confesando los pagos y sobornos realizados en todo el mundo, salpicando incluso expresidentes.

Se afirma que entre las naciones involucradas se encuentran Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá y Perú.

En Venezuela siempre se recuerda las visitas del presidente Lula, afirmándose que venía a interceder por la empresa brasileña, pues bien, se dice que Odebrecht pagó a Venezuela cerca de 98 millones de dólares en sobornos. ¿A quiénes les pago? Es quizá una respuesta que esperan los venezolanos de las investigaciones que debe realizar la Fiscalía. En Venezuela, en las gavetas de los ministerios y demás entes públicos debe andar enmohecida alguna ley de licitaciones. Ya no abundan los avisos pagos llamando a licitaciones públicas, lo que inmediatamente pone en duda la transparencia de las contrataciones del Estado.

No solo es Petrobras y Odebrecht sino que en Colombia también aparecen empresas involucradas en escándalos que ponen en serios aprietos a la clase política y a consorciados para ejecutar obras y servicios.

En Cartagena, Colombia, el consorcio ColCard destinada al recaudo y gestión de flotas del servicio de transporte público entra en un serio conflicto que pone en peligro la operatividad del servicio. Este consorcio está integrado por la empresa Dataprom de Curitiva, Brasil, quien dispuso del soporte tecnológico y la empresa venezolana Smartmatic a quien correspondió hacer importantes desembolsos.

Lo cierto es que el representante legal de la empresa Colcard, Nixon Napoleón Navarro Barraza, acusa a la compañía venezolana Smartmatic de pretender apropiarse del negocio con artimañas no legales.

En marco de esa disputa aparece una demanda del sr Gerardo Rumie Sosa contra el Consorcio por incumplimiento de un contrato de transacción. Esta demanda coloca en evidencia los llamados “tratos de favor” que no encajan muy bien” con el rigor, la transparencia, la seguridad jurídica y la independencia que deben reinar en este tipo negocios. Lo cierto es que ahora el consorcio se ve obligado a la cancelación de 420 mil dólares al demandante Rumie Sosa. Ante estos hechos valdría la pena saber si la empresa venezolana es capaz de cumplir con algunas normas antisoborno como las que se exigen en Londres, lugar donde ahora opera Smartmatic, como la UBKA.

Más allá de la demanda conviene tener en consideración que la empresa venezolana Smartmatic, dedicada al negocio electoral en Venezuela y otros países, se hizo representar por el grupo de abogados Martínez Neira, denunciado por Diosdado Cabello como los defensores de un banquero de la entidad Casa Propia. Antes, la empresa Smartmatic, estuvo como cliente de la Casa de Valores Venevalores investigada por ilícitos cambiarios.

Paralelamente a los diferendos y juicios que debe seguir Smartmatic en Colombia, en Venezuela el proceso de descapitalización de las distintas empresas, todas vinculadas entre sí y mucha de ellas registradas en Barbados, sigue su curso. Es de suponer que en la actualidad ningún ente público debería mantener relaciones contractuales con ella en virtud de las irregularidades señaladas y del embargo de la cual es objeto por los tribunales venezolanos que le impide hacer efectivo la cancelación de 51 millones de dólares por las razones antes señaladas.

Las posibilidades de hacer negocios para algunos siempre están presentes y, a pesar, de todas las dificultades y no pocos escándalos en las contrataciones con Smartmatic, un cambio de fachada es una oportunidad. Estaría por verificarse si la empresa Hisoft no es una de ellas. De hecho, aparece con algunas contrataciones públicas y valdría la pena interrogarse si con esta última compañía ahora se enmascara sus contrataciones. ¿Cambio de nombre con mismos dueños? Ya se sabrá.