Sucesos
Existen manos rojas metidas en el caso de la modelo Ángela Medina
Sucesos

Luego de cinco meses sin despacho, el Tribunal 51 de Control del Área Metropolitana,  reanudó sus actividades el 28 de mayo y fijó  la audiencia preliminar del caso de la modelo Ángela Medina para el 31 de julio.

 

Por: Karina Peraza Rodríguez –  El Impulso / Foto: Ángel Zambrano

 

Un día antes de celebrarse la audiencia, los fiscales nacionales 82 y 64, acudieron a la oficina de la jueza Carolina Rodríguez Caricote, a revisar que todo estuviera en orden para el día y la propia juez les gritó: “Tengo órdenes de arriba que al caso se le de sobreseimiento. Si ustedes quieren procedan”. Por esta opinión el Ministerio Público recusó a la magistrado.

 

Los fiscales, apegados a la ley, se ampararon en el artículo 86 (causales de inhibición y recusación), el cual determina en el numeral 7: “Por haber emitido opinión en la causa con conocimiento de ella, o haber intervenido como fiscal, defensor, experto, intérprete o testigo, siempre que, en cualquiera de estos casos, el recusado se encuentre desempeñando el cargo de juez”.

 

Por dicho comentario los fiscales de inmediato se reunieron con la fiscal general de la República Luisa Ortegas y Joel Espinoza, vicefiscal de la República, quienes decidieron que se reacusara. Son cinco días hábiles para que el Tribunal Supremo se pronuncie y existen tres panoramas; que decidan que continúe la juez; que ella misma se inhiba del caso y lo abandone o que sea ordenado que otro juez tome el caso.

 

 

Lo tenían preparado

Lidia Valles, madre de la modelo larense Ángela Medina, asesinada el 6 de agosto del año pasado, a casi un año de haberse cometido el crimen, aún espera justicia.

 

La señora Valles indica que este proceso ha sido tortuoso, ha llorado mucho a su hija, sabe que desde el Tribunal Supremo de Justicia han estado jugado al cansancio con ella y son muchas trabas las que han puesto.

 

Primero que David Emiliano Ramírez (21), presunto asesino y sus cómplices, no iban a ser juzgados por la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, alegando que fue promulgada días después de cometido el crimen.

 

Con esta decisión, Ramírez podrá optar a un beneficio. Posteriormente fue la anulación del acto conclusivo y se tuvieron que repetir todas las pruebas.

 

Hasta ahora hay 52 pruebas en contra de Ramírez, que lo señalan como el autor del hecho y 38 a sus cómplices. Sumado a ello, la declaración de uno de ellos, la cual refleja lo que hicieron.

 

Fuente: elimpulso.com